La salud, la pandemia y otros retos del Senado

Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, expresa que en Colombia se está sufriendo mucho, sobre todo en medio de la pandemia, porque el sistema de salud es mediocre, incluso en situaciones normales. Por lo mismo, asegura que no sorprende lo que está sucediendo, sino que es una realidad que parte de errores estructurales en el diseño del sistema, puntualmente la Ley 100 que, según él, “no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de las EPS”, porque, entre otras cosas, “fue sacrificada la red pública hospitalaria para reemplazarla por negocios privados”. Respecto al futuro legislativo, es enfático en afirmar que se necesitará un verdadero pacto nacional, porque el país saldrá de esta crisis no solo golpeado en el campo de la salud, sino también en las relaciones económicas y sociales.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente del país y actual senador del Centro Democrático, manifiesta que el sistema de salud colombiano está bien desde sus cimientos. No obstante, reconoce que ha tenido falencias, entre ellas: "corrupción, desadministración, impuntualidad en los pagos –en los departamentos, en los municipios y por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)–, malas EPS que se quedan con la plata, clínicas de garaje y un derroche burocrático insostenible en hospitales públicos clientelizados". El senador asegura que esos errores no hacen parte del modelo de la Ley 100, que, entre otras cosas, “trajo solidaridad al sistema”. También expresa que las decisiones del presidente Iván Duque han sido oportunas y adecuadas, pero, manifiesta, que hace falta dinero.

Roy Barreras, senador del Partido de la U, afirma que la principal razón por la que no hay recursos de protección para el personal de salud hoy, es que el gobierno ha privilegiado la inyección de capital a la economía sobre la contención de la epidemia. En este orden señala que: “Los decretos que se han venido expidiendo desde el 417 para acá, y particularmente el 444, que es el que crea el Fondo de Inversión de Emergencias, por 15 billones de pesos, no tienen destinación específica al sector salud. Han privilegiado otro tipo de destinaciones que tampoco son claras”. Asimismo, expresa que la actual crisis debe conducir a pensar la necesidad de un Estado que garantice a todos el mínimo vital de alimento, salud, educación y vivienda. Es enfático en señalar que el esfuerzo para reactivar la economía implicará consensos globales y la priorización de sectores productivos generadores de empleo.

María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, afirma que la salud sí ha sido una prioridad en los distintos gobiernos. Aclara, sin embargo, que en términos de asignación presupuestaria está después de defensa y educación. No obstante, indica que el problema del país es la corrupción, que, según ella, “ha carcomido mucho de los procesos y sistemas de salud”. En en ese sentido, manifiesta que la prioridad para el Estado y la rama legislativa, al salir de esta coyuntura, debe ser liquidar las malas EPS, despolitizar hospitales, asignar un tope a la integración vertical y permitir que los ciudadanos escojan dónde quieren ser atendidos. Además, señala que es importante entregar incentivos a los especialistas para que se desplacen a lo largo y ancho del país.

El senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, señala que parte de la crisis del sistema de salud hoy es consecuencia de la Ley 100 que “desprestigió la profesión médica, y relegó -al personal de salud- a básicamente ser unos receptores de órdenes”. No obstante, indica que al gremio médico también le ha faltado un liderazgo más contundente frente al tema de la salud e incluso frente al trato que reciben. Respecto al futuro, opina que la salud debe ser manejada por el Estado y no por el sector privado.

La senadora Esperanza Andrade Serrano, del Partido Conservador, reconoce que la salud no ha sido un tema prioritario en la agenda de los últimos gobiernos, y que la actual pandemia “ha demostrado cómo los médicos trabajan sin los elementos necesarios de bioseguridad, y cómo las ARLS no les dan a las empresas contratantes esos artículos que se necesitan”. Respecto a las lecciones que la actual crisis deja a la rama legislativa, señala que le debe servir para que el país tenga buenos centros de salud y profesionales de ese sector bien pagos.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, manifiesta que la crítica situación que enfrenta el país solo se podría entender si se comprendieran los graves problemas del actual modelo neoliberal, en el cual, el Estado se convierte en un aparato militar, depredador de naturaleza, extractivista y machista, que genera que factores como la salud se reduzcan a una mercancía que se centra en la ganancia de algunas corporaciones. Además, enfatiza en la necesidad de hacer una transformación social profunda, la cual, de no ser entendida por los sectores de élite, generaría multitudinarias movilizaciones como las del año pasado, pero con una diferencia, que ahora serían de carácter global.

Didier Lobo, senador por el partido Cambio Radical, expresa su preocupación por la forma cómo se está contratando al personal de la salud en Colombia. En consecuencia, hace un llamado al Gobierno: “Necesitamos que les paguen a las IPS. Pero necesitamos que les paguen ¡ya!”, para no solo afrontar esta pandemia, sino garantizar condiciones dignas a los trabajadores de la salud. Está seguro, además, que las prioridades del Estado y de la rama legislativa, tras superar esta crisis, deben ser la reestructuración de la salud, la educación y el emprendimiento.

Sandra Ramírez, senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), asegura que si el sistema de salud público se sigue pensando desde el lucro, es decir, como un gran negocio, más que como un servicio a la gente, “no habrá una verdadera mejora a la situación que enfrenta el país hoy”. Así mismo, plantea que es importante la unión política para plantear conjuntamente, en medio de la crisis, soluciones. Reconoce que: “A la fecha, no hemos logrado construir la correlación de fuerzas favorable para enfrentar a los sectores de las clases gobernantes de este país”. Sobre el futuro, expresa que lo que se visualiza hoy es un problema estructural del Estado que convoca a todos los sectores políticos, sociales y alternativos a pensar un modelo de salud pública más conveniente y eficaz.

Paola Holguín, senadora por el partido Centro Democrático, expresa que el sistema de salud siempre ha sido un tema de vital importancia para la rama legislativa. Incluso señala que en la anterior legislatura “se dieron herramientas y se fortaleció la Superintendencia de Salud para poder tener más control sobre el tema de la corrupción en las EPS”. Agrega que lo que se busca ahora es hacer ajustes al sistema de salud, en función del fortalecimiento de las instituciones hospitalarias y el personal médico, pues, según cifras del Ministerio de Salud, el contagio del Coronavirus sigue en aumento.

Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, expresa que el problema en Colombia es que si bien el sistema de salud tiene un cubrimiento poblacional amplio, la gente “cuenta con un carné, pero no tienen atención”. Eso, explica el senador, significa que más allá de la teoría el sistema de salud es muy débil. “En la práctica, como derecho fundamental, tiene que estar, además de una agenda, en los presupuestos, tiene que estar en los planes de desarrollo”. Indica que una de las razones por las que la salud no es una prioridad, es porque muchos de los empresarios de la salud en Colombia son actores de la política, o financian campañas, y hacen lobby para beneficio de sus negocios; “esos lobbys han podido más en las decisiones del Gobierno y del Congreso de la República”.

Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, asegura que la crisis que estamos viviendo, a raíz de la pandemia, “desnudó problemas estructurales” del modelo de salud colombiano, y que está cansado de repetir que la prioridad debe ser la salud de los pacientes y no las ganancias de las EPS. Declara también que es una vergüenza nacional la situación de las regiones periféricas del país, porque no hay Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), no hay unidades de cuidados intensivos, y tampoco hay forma de garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, de manera optimista, afirma que: “Con una cobertura adecuada de un sistema de salud orientado hacia profesionales del sector y pacientes, con un sistema de ciencia y tecnología robusto y una base industrial mínima, nuestra capacidad de respuesta ante crisis globales será mucho más ágil”.

Carlos Antonio Lozada, senador del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), asegura que el sistema de salud colombiano no está en capacidad de afrontar el Coronavirus porque la Ley 100 privatizó la salud, y al paciente no se le da un trato de usuario sino de cliente. En suma, “convirtió un derecho fundamental en un negocio”. Frente a las decisiones futuras que debería enfrentar el legislativo indica que: “El Congreso de la República debe, inmediatamente pase esta situación, derogar la Ley 100. Es necesario aprobar unas leyes que permitan el retorno a la salud como un derecho. Eso implica que debe ser un servicio público”.

Armando Benedetti, senador del partido de la U, asegura que el Gobierno sí ha prestado atención a la salud, lo que se evidencia en la disminución de personas en los hospitales. Sin embargo, indica que “el ministro de Hacienda dijo que estaba preocupado porque creía que los dineros estaban llegando a las IPS, y lo que dicen muchos mandatarios, regionales y locales, es que la plata está llegando realmente a las EPS y ahí se están quedando para cuadrar ellos cajas, y no las están bajando en liquidez a los hospitales de las IPS”. En consecuencia, señala que una de las tareas del Congreso será cambiar la Ley 100.

El senador Richard Aguilar, del partido Cambio Radical, expresa que es evidente que ningún sistema de salud está preparado para una crisis sanitaria como la que ha desatado el Coronavirus. Sin embargo, expone que en el caso colombiano ha evidenciado la necesidad de una reforma al sistema de salud, porque, entre otras cosas, ha quedado en evidencia la “incorrecta intermediación entre las EPS y los hospitales”. Frente a los retos que tiene el Congreso, cuando se supere la crisis, plantea que él mismo radicará un proyecto de ley para modificar el artículo 140 de la Constitución Política.